lunes, 4 de diciembre de 2017

Que tal escandalo

Con la condena de cárcel para los representantes de Graña & Montero, JJ Camet e ICCGSA, se acorta la brecha de los involucrados en esta mega corrupción, relacionada con el caso lava jato, de la firma corrupta brasileña Odebrech. Además es una demostración más del grado de podredumbre que campea en todos los estamentos de la sociedad peruana. Este gran escándalo solo es comparable a lo que aconteció en la década de los 90, cuando casi toda la clase empresarial y política, pasaban por la salita del SIN a recibir dinero sucio de manos de Vladimiro Montesinos. Banqueros, empresarios mineros, de televisión, políticos y gente que trabajaba en los medios, acudían como mansos corderos a recibir sus respectivas coimas a cambio de cumplir con las indicaciones de Montesinos, sobre todo en los medios de comunicación. En esa época, casi toda la prensa escrita, televisiva y radial, estaba comprada para favorecer al gobierno de Alberto Fujimori. Era muy común la propalación de los psicosociales para adormecer a la gente, con vírgenes que ‘lloraban’ o calumnias contra personas que eran incomodas a este régimen dictatorial. Ahora solo faltan que se investigue a fondo a García y Keiko, para determinar su involucramiento en esta gran estafa al país. Pero, es la primera vez que algunos potentados de las grandes empresas constructoras, socias de Odebrecht, estén ahora en la carceleta del Poder Judicial. Con esto se confirma que la gran mayoría de negocios están manchados con el cáncer de la corrupción, pues muchos empresarios, utilizan la coima y las prebendas para alcanzar los objetivos de negocios con el estado. Es que el estado es la entidad que cuenta con millonarias sumas de dinero para construir obras de infraestructura y para comprar maquinaras, equipos, materiales e insumos necesarios para la marcha de las organizaciones del gobierno. Es decir es el primer cliente de una serie de empresas privadas. No solo en el terreno de la construcción sino también en las compras, el estado requiere de muchas obras, equipos, materiales e insumos, para que sus diferentes órganos funcionen. Los ministerios, como el de Salud, Defensa, Educación y Essalud, demandan una serie de equipos, materiales e insumos que se adquieren frecuentemente en cantidades considerables. Los postores, para lograr adjudicarse con estas obras o equipos, pertenecen en su mayoría al sector privado. Para este fin hacen todo lo que este a su alcance, en forma licita o a través de sobornar a los funcionarios respectivos, para hacerse de una obra o de una compra. Pero en la mayoría de los casos estos logros se consiguen porque ha corrido mucho dinero sucio, entre los funcionarios que aprueban las licitaciones de todo tipo, adjudicaciones o trato directo tanto en las obras de infraestructura como en las compras de equipos, materiales e insumos. La corrupción enquistada en el aparato estatal, es una rémora para el crecimiento del país. Las coimas, que salen de nuestros bolsillos, solo sirven para que los que obtienen las licitaciones o las compras, bajen la calidad de sus servicios o insumos. Esto perjudica al país y a todos los usuarios. La disminución de la calidad en una obra de infraestructura, como puede ser una irrigación, una hidroeléctrica o una carretera, causa que estas obras tengan una vida útil menor que si hubieran sido hechas con todas las especificaciones técnicas correspondientes. Igual sucede con una serie de equipos, materiales e insumos, que no tienen la calidad necesaria para así poder cubrir los costos de las coimas. Es muy grave que se adquieran equipos sobrevalorados y a veces obsoletos. En el campo de las compras existen una serie de mecanismos turbios para que mediante estas operaciones los funcionarios ganen grandes sumas de dinero. Muchos funcionarios, que ganan sueldos muy bajos, exhiben un tren de vida que solo es explicable por sus ingresos extras provenientes de las coimas. Otra forma de coimear se da en la aprobación de un proyecto, especialmente mineros y de hidrocarburos. En estos caso los funcionarios que tienen el deber de exigir a las empresas que respeten el medio ambiente a través de estándares adecuados, no cumplen con su misión, porque, son sobornados para que se hagan de la vista gorda, pero perjudicando la sostenibilidad ambiental. Así se aprueban los proyectos que solo contribuyen a contaminar el medio ambiente, con las graves consecuencias que esto acarrea para la ecología, la biodiversidad y la tranquilidad y la salud, de las poblaciones ubicadas en lugares aledaños a estos emprendimientos, extractivos. También la corrupción se da, cuando un yacimiento minero está ubicado en una zona arqueológica. En este caso los funcionarios venales, después de recibir el soborno, aprueban la destrucción de nuestro patrimonio cultural, lo cual es un delito y una falta de cariño a nuestro país y su heredad. Es muy difícil dar una receta eficaz para combatir los actos de corrupción, pero es necesario tomar cartas en el asunto. Una forma de disminuir la corrupción seria, crear organizaciones descentralizadas de proyectos y compras estatales. Con esto se podría eliminar la injerencia del poder político para torcer la voluntad de estas acciones en favor de una empresa o institución que soborna mejor. Las personas que serían las encargadas de esta importante misión, tienen que exhibir una hoja de vida, donde campee la honestidad y la honradez. Además los funcionarios a cargo de las licitaciones de todo tipo, tienen que estar bien preparados técnicamente y con una aceptable experiencia en cuestiones económicas, financieras, ecológicas y logisticas. Por Manuel J. Villanueva Consultor Internacional Blog: www.majevic.blogspot.com

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